SANTO DOMINGO.- Reformar la legislación penal, establecer protocolos confidenciales de denuncia en las escuelas y fortalecer la comunicación entre padres e hijos son algunas de las recomendaciones de un estudio que estima que 262,000 niños, niñas y adolescentes dominicanos fueron víctimas de alguna forma de agresión digital en el último año.
El informe nacional Disrupting Harm in Dominican Republic, realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ECPAT International e INTERPOL, plantea la necesidad de una respuesta conjunta de los organismos oficiales, el sistema educativo y las familias ante casos de acoso digital, extorsión sexual y distribución no consentida de contenido íntimo que afectan a menores de edad.
La investigación calcula que aproximadamente el 23% de los usuarios de Internet de entre 12 y 17 años sufrió al menos una forma de explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología durante un periodo de doce meses.
262,000 menores habrían sufrido algún tipo de agresión digital.
33% de las víctimas no contó a nadie lo ocurrido.
Proponen nuevos delitos y mayores garantías
Entre las medidas dirigidas al Poder Legislativo y los organismos oficiales, el estudio recomienda tipificar de manera expresa el ciberacoso infantil con fines sexuales, conocido como grooming, la sextorsión, el material de abuso generado mediante inteligencia artificial o deepfakes y el acceso deliberado a contenidos de abuso sexual infantil.
También propone que las entrevistas forenses a las víctimas se realicen una sola vez, por personal especializado y mediante grabación audiovisual, como mecanismo para evitar la revictimización durante los procesos judiciales.
El informe plantea, además, abolir o ampliar los plazos de prescripción para este tipo de delitos, de manera que las víctimas puedan denunciarlos incluso durante la adultez, así como garantizar representación legal gratuita.
Otra de las recomendaciones es establecer obligaciones legales para las plataformas digitales, incluyendo mecanismos de notificación y retiro de contenidos perjudiciales, medidas de seguridad desde el diseño e informes de transparencia auditados.
Escuelas y familias, parte de la prevención
Para los centros educativos, la investigación recomienda incorporar contenidos obligatorios y adaptados a cada edad sobre consentimiento, autonomía corporal, relaciones saludables y riesgos en entornos digitales.
Asimismo, plantea implementar protocolos confidenciales de denuncia en las escuelas y reforzar la capacitación de los docentes para responder con empatía y sin prejuicios ante posibles revelaciones de abuso.
En el ámbito familiar, el informe recomienda fortalecer la comunicación abierta sobre seguridad digital y evitar respuestas punitivas contra los menores que denuncien situaciones de riesgo.
La investigación advierte que medidas como quitar el teléfono celular o restringir el acceso a Internet pueden provocar que las víctimas prefieran guardar silencio por temor a ser castigadas.
También propone reforzar la asistencia económica y la protección social a familias en condiciones de vulnerabilidad, ante el riesgo de que agresores recurran a dinero o regalos a cambio de imágenes sexuales.
El estudio refleja además un elevado nivel de subdenuncia. Un 33% de los menores victimizados no contó a nadie lo sucedido. Entre las principales razones aparecen no saber a dónde acudir o a quién contárselo, con un 22%; la vergüenza, con un 17%, y el temor a meterse en problemas, con un 14%.
El uso de las vías institucionales fue mínimo: menos del 0.4% acudió a la Policía, mientras un 2% recurrió a una línea telefónica de asistencia y otro 2% dio a conocer la situación a un docente o educador.
Cuando las víctimas decidieron hablar sobre lo ocurrido, recurrieron principalmente a sus amistades, con un 19%, mientras que un 12% lo comunicó a sus madres o cuidadoras.
Fuente: Artículo original
Autor: Noticias SIN
