Montecristi. – Organizaciones ambientalistas y comunitarios de Manzanillo presentaron una querella ante la Procuraduría Regional de Medio Ambiente de Montecristi, mediante la cual solicitan la paralización inmediata de la construcción de dos plantas de generación eléctrica y una indemnización de 200 millones de dólares por presuntos daños ambientales al Parque Nacional Manglares Estero Balsa.
Las instalaciones, desarrolladas por el consorcio Manzanillo Gas & Power, S.A., tendrán una capacidad de 430 megavatios cada una y operarán con gas natural licuado. Según los denunciantes, las obras se ejecutan en la zona de amortiguamiento del área protegida y representan una amenaza para los manglares y otros ecosistemas de la Bahía de Manzanillo.
La querella fue presentada por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI) y representantes comunitarios.
Representantes ambientalistas muestran un documento durante una reunión vinculada al reclamo para detener plantas eléctricas en Manzanillo y exigir compensación por daños al Parque Nacional Manglares Estero Balsa.
Medida cautelar para frenar las obras
Los denunciantes solicitaron que el Ministerio Público acuda ante el juez de la Instrucción de Montecristi para requerir una medida cautelar que ordene suspender los trabajos mientras se conoce el proceso.
Además de la paralización de las obras, las organizaciones solicitan que el consorcio Manzanillo Gas & Power y las empresas que lo integran, Haina Investments Company, ENERLA Energía de Las Américas y Shell Gas and Power Development, sean condenados al pago de 200 millones de dólares o su equivalente en pesos dominicanos.
Según la querella, el monto corresponde a una reclamación por los presuntos daños ocasionados al parque nacional, las comunidades cercanas, los querellantes y la biodiversidad de la zona.
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Los accionantes también piden penas de diez años de prisión contra Luis Mejía Brache y Sharon Cabral Sánchez, señalados en el documento como administrador del Consejo de Administración y secretaria de la Junta de Administración del consorcio, respectivamente.
Esta constituye la segunda querella interpuesta por las organizaciones contra el proyecto energético, cuya inversión supera los US$1,750 millones y que, según la información suministrada, cuenta con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La primera acción fue depositada el pasado 7 de octubre ante la Procuraduría General de la República, contra el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez.
En esa querella, las organizaciones solicitan que el funcionario sea procesado por su presunta participación, por acción u omisión, en la instalación de las plantas dentro de la zona protegida. También reclaman una condena de diez años de prisión.
Denuncian destrucción de 575 mil metros cuadrados de vegetación
Entre las principales acusaciones figura la presunta eliminación de 575,000 metros cuadrados de vegetación virgen entre octubre y noviembre de 2022.
Según los denunciantes, el terreno fue rellenado para construir un terraplén de más de seis metros de altura, sobre el cual se levantan actualmente las plantas eléctricas.
Las organizaciones sostienen que estos trabajos se realizaron sin los estudios correspondientes y sin contar con una licencia ambiental.
Asimismo, aseguran que las obras ocupan la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa, donde consideran que existen restricciones legales para desarrollar este tipo de infraestructura.
Los querellantes también denuncian la construcción de una terminal marítima y un gasoducto de 832 metros sobre humedales y lagunas vinculados al sitio Ramsar número 2497, reconocido por su importancia ecológica.
A esto se suma, según la denuncia, la instalación, frente a los manglares, de una unidad flotante de almacenamiento de gas y otra de almacenamiento y regasificación.
Representantes ambientalistas muestran documentos durante una reunión relacionada con la denuncia por presuntos daños al Parque Nacional Manglares Estero Balsa, en Manzanillo.
Alertan sobre posibles daños a los manglares
Las organizaciones advierten que el impacto conjunto de las plantas eléctricas y sus instalaciones complementarias podría afectar gravemente el ecosistema de la Bahía de Manzanillo.
Según explicaron, los manglares cumplen funciones esenciales para la reproducción de especies marinas y costeras, la protección frente a fenómenos meteorológicos extremos, la regulación del agua y la captura de carbono.
Los denunciantes sostienen que la construcción y posterior operación del complejo energético podrían provocar daños irreversibles a estos ecosistemas.
La querella se fundamenta en disposiciones de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 307-04 sobre Pesca y Acuicultura, el Código Penal, el Código Civil, la Constitución dominicana y el Convenio Ramsar, entre otras normativas.
Las organizaciones reclaman que se investiguen las presuntas infracciones ambientales, se suspendan las construcciones y se establezcan las responsabilidades correspondientes.
Hasta el momento, la información suministrada recoge las denuncias y solicitudes de las organizaciones ambientalistas y comunitarias, sin incluir una respuesta del consorcio Manzanillo Gas & Power ni del Ministerio de Medio Ambiente sobre las acusaciones.
Fuente: Artículo original
Autor: Noticias SIN
